“Tenemos que ser signo profético

de denuncia ante una injusticia tan grande”

Mons. Adalberto Jiménez

 

29.05.2020 Luis Miguel Modino, corresponsal en Brasil

El Sínodo para la Amazonía ha cambiado la forma de ser Iglesia, que definitivamente ha salido de la sacristía, ha asumido aquello que el Papa Francisco propone, ser una Iglesia en salida, “que entremos en las realidades del mundo, del bien y del mal, para ser fermento en la masa, para ser una luz, para estar al lado de los más pobres y de los que más necesitan”, afirma Monseñor Adalberto Jiménez, obispo del Vicariato de Aguarico.

Él es uno de los demandantes, junto con Monseñor Celmo Lázzaris, obispo del Vicariato de Sucumbíos, contra el estado ecuatoriano, diferentes ministerios y empresas estatales y privadas, a quienes acusan, mediante una Demanda de Protección, de la que también participan algunas organizaciones de derechos humanos, de ser los responsables del derrame de 15.800 barriles petróleo, sucedido en la Amazonía ecuatoriana el 7 de abril, que ha afectado a más 100 comunidades y más de 300 kilómetros del Río Napo.

El juicio, en el que están participando unas 100 personas, está siendo llevado a cabo de forma telemática desde este lunes, con jornadas de 10 horas por día, en el que participan defensores de derechos humanos y gente comprometida con las comunidades, científicos, así como unos 30 indígenas de las comunidades del Río Napo, afectadas por el derrame de petroleo. Lo más doloroso para Monseñor Adalberto es que el Ministerio de Energía admitió el derrame, pero “ellos quieren justificar que ése es un desastre natural”, una postura de la que participan los representantes de organismos “llamados a dar justicia, pero que están minimizando a nuestros abogados y testigos”.

En ocasiones, como reconoce el obispo de Aguarico, “el reclamo que nos hacen como Iglesia es que a veces estamos alejados de esta realidad”. Pero él mismo afirma que “este juicio muestra que la REPAM y todos los obispos amazónicos, que somos REPAM, estamos ahí, sobretodo los dos vicariatos que hemos decidido presentar la demanda, algo que ha llamado la atención en la sala”. Es verdad que no es la primera vez que esto se hace, de hecho es algo que ya fue llevado a cabo por Monseñor Proaño y Luna Tobar, pero que ha sido un aspecto que ha estado olvidado, afirma el prelado, para quien, “nos falta mucho avanzar por aquí, yo soy el primero que a veces tiene mucho miedo de todo esto, es más cómodo no meterse en estos líos y quedarse en la sacristía”.

Este desastre ambiental se junta con el COVID-19, que según datos recogidos por la REPAM, este miércoles 27 de mayo, afecta a 992 personas en la Amazonía ecuatoriana, con 30 fallecidos. El obispo denuncia que no se ha atendido a las comunidades indígenas. Se han limitado a ayudas muy pequeñas y sólo a menos de 10 comunidades, de las más de 100 afectadas por el derrame, a quienes se les entrega un galón de agua, que va a aumentar la contaminación del río, y un kit de comida que les llega para dos días, pero que sólo es entregado cada 15 días.

En el juicio se percibe una clara agresividad de los abogados del estado y de las instituciones, prácticamente amenazando al juez y diciendo que todo es una mentira, advierte Monseñor Adalberto. Ellos no quieren reconocer las fotografías y las pruebas, algo que “clama al cielo no ver una injusticia tan palpable”. Los obispos de Sucumbios, Aguarico y Puyo están presentes en el juicio, con el apoyo de todos los obispos amazónicos. A pesar de que “no sabemos cuál será el resultado final, pero sentimos que tenemos que ser un signo profético de denuncia ante una injusticia tan grande, aunque nos sentimos como una hormiga frente a un elefante”, en palabras del prelado.

Esta situación comenzó el 2 de febrero, día en que desapareció la Cascada de San Rafael, la mayor del Ecuador, y de ahí pasaron 65 días hasta el 7 de abril, en que, según el obispo “no se hizo absolutamente nada, en una zona de altísimo impacto”. Estamos hablando de un oleoducto que transporta 360 mil barriles diarios desde la Amazonía hasta el puerto de Esmeraldas, en el Pacífico. Las empresas y el gobierno ecuatoriano “insisten en que fue un desastre natural, lo que no deja de ser una necedad”, insiste Monseñor Adalberto.

Él espera “que se haga justicia para nuestros pueblos indígenas, a los que no se les está atendiendo de manera suficiente, ni en la alimentación, ni en la salud, lo que se hace más dramático en este tiempo de COVID”, acusando a las autoridades, llamadas a defenderlos, de “convertirse en los enemigos de los pueblos, a los que quieren invisibilizar, inclusive siendo víctimas del COVID y del derrame de petroleo”. Todo ello ante el silencio de los grandes medios, cooptados por el gobierno, que hablan de la ruptura del oleoducto como un daño ocasionado al país, que afecta al erario nacional, sin fijarse en las consecuencias para las comunidades indígenas.

En relación con la pandemia, el obispo habla del hospital que el Vicariato de Aguarico tiene en la frontera con el Perú, a 300 km de río desde la sede del Vicariato, que está gestionado por el estado. Él denuncia la falta de recursos y material médico, como mascarillas o paracetamol, lo que hace que si pasa algo grave, los primeros en caer serán los médicos. Ante esta situación, en los últimos días, con la ayuda de Caritas Ecuador, Caritas Española y otras instituciones, el Vicariato ha comprado equipos de protección y medicamentos para enviar, dado el olvido del estado a los pueblos indígenas.

En su declaración ante el juez, Monseñor Adalberto Jiménez denunciaba que el derrame ha dañado la armonía de los pueblos amazónicos, basado en los cuatro elementos que les circundan: tierra, agua, aire, fuego, afirmando que “el río, en lugar de ser fuente de vida y alegría, se convirtió en fuente de muerte y tristeza”. Él insistía en la irresponsabilidad de los responsables por su tardanza en avisar a las comunidades sobre el derrame, resaltando que aquellos que viven su día a día en estrecha relación con el río, ahora “tienen miedo de acercarse al agua”.

Esas palabras fueron precedidas por otras, en las que a pesar de querer hacerle callar, el obispo les invitó a reflexionar, pues ellos están “bien de salud, tenemos una buena casa, vivimos bien, no vivimos en la pobreza y miseria en que viven muchos indígenas”. Incluso se dirigió al presidente de la República, pidiendo que fuese informado sobre la figura de Monseñor Alejandro Labaka y la hermana Inés Arango, que entregaron la vida por los indígenas y a quienes, en 1987, prácticamente les mató la ambición petrolera.

Monseñor Adalderto recordaba la frase de Labaka, “si no vamos nosotros, los matan a ellos”, una respuesta que daba a muchos misioneros que les decían que no fuesen a encontrarse con ese grupo de no contactados. Ellos fueron para evitar la intervención del gobierno, que decía que “si no mediaban, ellos entrarían a la fuerza, a metralleta limpia, como siempre”, afirma Monseñor Adalberto, destacando que “como no tenían documento de identidad, era la misma cosa que si muriese un bicho, no sucedía nada en el país”. Por eso, le dijo al presidente de la República, que se dice amazónico, “que viniese a la tumba de Monseñor Labaka a orar y a que no olvide a los amazónicos”, momento en que le acusaron de faltar al respeto al presidente.

Todo lo vivido en estos días, Monseñor Adalberto lo ve como algo que le está ayudando a asumir lo vivido en el Sínodo para la Amazonía, “en el que el Papa Francisco nos invitó a cuidar a los pobres, a los pueblos amazónicos”. Él también recuerda la primera vez que se encontró con el Santo Padre, poco después de ser elegido obispo, en la visita ad limina. En aquel momento, le entregué un CD de Monseñor Labaka, y me dijo, “tú tienes una herencia, cuida a la selva, cuida a los pueblos de la selva”, lo que el prelado ve como “una grave responsabilidad”.

Monseñor Adalberto ve su misión episcopal, que comenzó en octubre de 2017, como la continuación del trabajo que muchos misioneros han llevado a cabo desde hace 70 años. Entre ellos cita a José Miguel Goldáraz, que lleva 50 años acá y que también ha declarado en el juicio, a quien considera como un gran testimonio, “habla la lengua kichwa y es un gran defensor de los indígenas, ejemplo de una Iglesia que camina con los más necesitados”.

 

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