Dra. Antonia Urrejola (Relatora de los Pueblos Indígenas de la CIDH) 

 

Estimada Relatora, Paz y Bien.-

Reciba un saludo respetuoso de quienes hacemos la misión capuchina de Aguarico. El motivo de la presente es hacerle llegar nuestra preocupación por la situación de los indígenas waorani-tagaeri-taromenani, llamados en contacto inicial y aislamiento voluntario, quienes tienen medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde el año 2006.

A manera de antecedentes, en abril del 2013 un grupo de indígenas aislados atacó a una pareja, Ompure y Buganey, ancianos waorani de la comunidad de Yarentaro. Veinte días después, los hijos de la pareja y líderes de las familias waorani de las comunidades de Dikaro, Yarentaro, Kawimeno, se reunieron para vengar la muerte de sus abuelos y atacaron una casa tagaeri-taromenani y trajeron dos niñas con ellos. El tema se hizo público ocho meses después de sucedidos los acontecimientos y los misioneros que vivimos cerca de ellos nos preguntamos perplejos: ¿porqué la justicia ecuatoriana no ha abierto una investigación sobre la muerte de los ancianos? ¿porqué no se dio la protección al grupo Huaorani de Dicaron?

De ahí en adelante, ha actuado la justicia ordinaria, en un proceso penal primero por genocidio y luego por homicidio, seguido a 17 waorani que intervinieron en el asalto. El proceso ha sido confuso, sin ningún parámetro intercultural desde hace cinco años como podrá ver en la documentación que se anexa. Se ha juzgado a los indígenas dos veces por el mismo delito, sin tomar en cuenta sus condiciones de vulnerabilidad y sus dificultades de entender un proceso judicial occidental, que no toma en cuenta el convenio 169 de la OIT ni otros tratados internacionales, dejando además en la impunidad a otros actores que han intervenido en esos conflictos en los que el Estado tiene amplia responsabilidad.

El juicio penal lleva cinco años a lo largo de los cuales son los individuos, familias y comunidades indígenas involucradas los que han llevado una carga desproporcionada y, finalmente, inútil para alguna forma discernible de justicia. Cinco años en tensión permanente, pagando una condena antes de ser juzgados, forzados al aislamiento, enfrentados entre comunidades waorani, en una situación que crea aún más peligro y vulnerabilidad para las familias tagaeri-taromenani a las que el Estado debe proteger.

Estamos convencidos de que el juicio penal no es la vía para atender los problemas socio-culturales-ambientales en el Yasuní de los cuales el conflicto entre pueblos, grupos, clanes indígenas waorani, tagaeri, taromenane, es un efecto (el más doloroso y trágico) pero no el único efecto y para nada, la causa.

Tenemos la impresión de que funcionarios estatales en las distintas instancias jurisdiccionales estarían más pendientes de una eventual responsabilidad internacional —la CIDH— que de afrontar el tema de un PLAN de PAZ en la Amazonía ecuatoriana que incluya temas enunciados en la misma Política Nacional de Pueblos en Aislamiento como son protección, reparación y precaución, frente a los grupos más vulnerables de la sociedad ecuatoriana: los indígenas aislados y las comunidades waorani.

Por esa razón, pedimos a la CIDH por su intermedio que se exhorte al Estado ecuatoriano y a sus instituciones a suspender y archivar estas acciones judiciales contra los waorani involucrados en este caso y, a la par, trabajar en un plan de paz, diálogo, resolución de conflictos y atención a las comunidades necesarias para construir una justicia transicional intercultural que garantice el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Adjuntamos las firmas de los misioneros y misioneras consagrados y laicos, quienes conocedores de esta situación se suman a este pedido.

Por nuestra parte le agradecemos a usted la atención que nos ha brindado al acoger nuestra carta y que le pedimos sea entregada a las autoridades que les compete llevar adelante este pedido.

Atentamente

Monseñor Adalberto Jiménez

Obispo de Aguarico

 

Padre José Miguel Goldáraz

Misionero Capuchino

 

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