Acoso laboral: relacionadores comunitarios
Una reforma legal vigente establece taxativamente, qué se entiende por acoso laboral. Es todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona que ocasione menoscabo, maltrato, humillación o un perjuicio a la situación laboral, ejercido de forma reiterada y potencialmente lesiva. La normativa busca la prevención de este tipo de conductas frecuentes en el mundo laboral. Hasta hace algún tiempo se admitía que este tipo de hostigamiento se refería al acoso y violencia sexual y familiar en relación a una mentalidad machista imperante. Desde noviembre del 2017, también el “acoso y violencia laboral” es sancionado en el país con visto bueno y despido, según la Ley Orgánica Reformatoria del Servicio público y el Código de Trabajo.
Estos comportamientos pueden suceder dentro de los lugares de trabajo y fuera de esos sitios. El hostigamiento no es solo del jefe al subordinado. Puede darse entre compañeros de labores como también hacia el empleador o cualquiera persona en relación al trabajo. La ley advierte que, para denunciar el acoso, los agredidos deben demostrar que se ejecutaron acciones que evidencien acoso. Como cuando los relacionadores comunitarios de las empresas se inmiscuyen en la vida de la comunidad hasta en los ámbitos más vitales e íntimos de sus socios por la compra de conciencias, intimidación y favoritismo, convocan sesiones comunitarias al antojo o participan en ellas sin que nadie les invite, para imponer bajo presión, condiciones laborales y contractuales en favor de la compañía y lesivas a la organización. De la misma manera se pueden presentar testigos.
El concepto de “acoso laboral” es amplio y subjetivo para ambas partes. Podría llevar a un abuso del derecho, como cuando un empleador exigente pide cumplir una tarea bajo ciertos parámetros y el trabajador no cuenta con los requisitos necesarios para ello. Ahora se exige el grado de bachiller hasta para ser motosierrista ¿Se podrían interpretar esas exigencias como algo hostil? ¿Los continuos llamados de atención, tanto individuales como comunitarios, podrían considerarse acoso, aunque no haya agresión? Cuando el acosador no permite al trabajador una correcta comunicación, lo interrumpe continuamente cuando habla, impone su criterio, le grita, le ataca verbalmente al evaluar su trabajo, lo aterroriza o amenaza con la ruptura del contrato con gestos de desdén, ignorando su presencia, lo aísla de sus compañeros cambiándolo a otros lugares de trabajo o le descuenta parte del sueldo sin razón y divide la comunidad.
Es laboriosa la presentación de pruebas de los malos tratos, por lo que el obrero y la comunidad temen denunciar para evitar represalias en contra. Puede suceder cuando un compañero de labores o un socio de la comunidad, “pana” del jefe, hostiga, se jacta de su posición amistosa con los “ingenieros” y cuestiona de forma grosera ciertas acciones como inoportunas, mal hechas u opuestas a la política abusiva de la empresa. Son los llamados “perros” de la compañía. También son formas de acoso laboral la no asignación de tereas acordes con lo contratado, obligando a ejecutar tareas distintas y peligrosas o chantajeando al acosado con la apropiación del éxito de su trabajo. La ley sanciona de igual manera el acoso por discriminación cultural, étnica, lugar de nacimiento, identidad de género y otros.
El primer paso para combatir estos comportamientos es reportarlos al área de recursos humanos de la empresa. Si no existe este departamento o no se soluciona el problema, el afectado puede recurrir al Ministerio de Trabajo que iniciará una conciliación antes del visto bueno y despido del infractor. En estos procesos la empresa tiene la obligación de justificar las medidas tomadas para tratar el hecho de acoso. El Ministerio, según las circunstancias y gravedad, evalúa las denuncias. Previa a la petición de visto bueno podrá disponer que se den las disculpas públicas al acosado por parte del acosador. Para lidiar contra este abuso, tan común del acoso laboral, se debe prevenir el silencio al que recurren los trabajadores y comunidades indígenas como refugio frente a la prepotencia petrolera que anula la fuerza de la ley, haciéndola ineficaz.
Por eso la Ley obliga a las empresas a implementar programas de capacitación, y políticas orientadas a identificar los casos de acoso laboral; a tener comités de ética y talleres de formación, organizados por la unidad de seguridad y salud de la empresa para orientar y educar a los trabajadores. Los trabajadores deben contar con medios confiables para denunciar los casos de maltrato que atenten contra su bienestar.
A este respecto no es ético ni humano ante la ley la manera altanera de actuar del departamento de relaciones comunitarias y jefes de personal: todos ellos antropólogos, sociólogos, abogados y doctores, licenciados para engañar, corromper y amedrentar a los trabajadores y comunidades en favor de la empresa. Disponen de un estudiado muestrario de caretas: un día se comen a la comuna con sus bravatas, dividiéndolos, amenazándolos con dejarles sin contratos o asegurándoles el despido de sus socios con el cuento manido de que ha bajado el precio del petróleo, han caído los empleos y la compañía está pobre. Rompen el tejido comunitario de la organización individualizándolos y dividiéndolos. Otro día se disfrazan de “panas”, ofreciendo proyectos de crianzas de pollos y cachamas o atrayentes compensaciones con motivo de la apertura de nuevas plataformas o carreteras en las tierras comunitarias para beneficio y uso exclusivo de la empresa.
Transcribo una nota que llega de la comuna del Edén: “Por un lado hay chismes y un ambiente de rumores, que dicen que el petróleo de Edén Yuturi se está acabando y se van a cerrar los pozos. Que se termina el tiempo del petróleo en EY y por lo tanto ya no se necesita ningún otro convenio ni trabajadores. Pero tenemos el informe gerencial de 2017 que dice que los pozos de EY producen un promedio de 49.000 barriles diarios. Hay rumores informales de relacionadores comunitarios que afirman que actualmente (2018) se están bombeando entre 60.000 a 90.000 barriles al día.
Por otra parte, desde el año 2016 todo el petróleo de los campos Apaica, Tiputini y Tambococha de los bloques petroleros 41 y 43 llegan en bruto a Edén Yuturi con toda el agua de formación y el gas que sale de los pozos madre. No se hace la separación en los respectivos campos como se había previsto al principio, sino en Edén Yuturi. En los campos petroleros de Tiputini y Tambococha se producen, desde 2017, 55.000 barriles de petróleo diarios y para finales de este año están previstos que suba la producción a 80.000 bd. El agua de formación es de 9 barriles de agua por cada barril de petróleo. Si vienen a Edén Yuturi 80.000 barriles diarios el resultado es: 80.000 X 9 = 720.000 barriles al día de agua de formación. Una sustancia extremadamente salada y caliente, con contaminantes químicos cancerígenos. Esta agua de formación es reinyectada en Edén Yuturi. ¿Dónde? ¿Cómo? La reinyección en pozos secos significa que se filtran partes de esta agua a las quebradas y lagunas del lugar.
Edén Yuturi necesita urgentemente saber con claridad qué pasa en su territorio y necesita que se proteja el agua de las quebradas, lagunas y pantanos. De la misma manera el gas proveniente de los campos petroleros 41 y 43 es procesado en Edén Yuturi, parte para electricidad de los campos, parte se quema en los mecheros. El gas que sale es inodoro, incoloro, insípido y más ligero que el aire. Por razones de seguridad se le añade odorizante (mercaptano), un agente químico que le da un olor a huevo podrido, con el propósito de detectar posibles fugas de gas. Otros componentes de este gas son el CO2, el helio, el sulfuro de hidrógeno y el nitrógeno. Su componente principal es el metano en una cantidad no menor al 70%, el gas más dañino para el clima global y para los habitantes de la comuna. El humo de este gas contamina el aire de EY y afecta a la salud de sus habitantes en una medida hasta ahora desconocida. Nadie lo ha analizado. ¿No se tomará en cuenta esta situación en el convenio que ya no quieren hacer ni la compañía ni el Estado?”
Las comunas, atraídas por fáciles ofertas de obras inútiles y compensaciones de dinero “cash”, firman decenas de proyectos que se cumplen a medias y a regañadientes o se quedan incompletos, culpando de ello a la comunidad por fallos en la realización de ciertas especificaciones del convenio. Es el juego del gato y del ratón en el que la credulidad de la comunidad se diluye ante la trampa del chantaje y el engaño de los flamantes relacionadores comunitarios. Violadores a sueldo de la cultura y modos de vida comunitarios que confía ciegamente en los ofrecimientos, hechos por técnicos de corbata, expertos de carrera y de refinada educación de la petrolera.
Los acuerdos firmados les hacen dependientes, violentan el derecho a la posesión ancestral, les privan del usufructo y libre disfrute de un ambiente sano y libre de contaminación en sus tierras y de la posibilidad de intervenir en el entorno de su territorio del que son dueños y de cuyos recursos tienen necesidad (se prohíbe la caza, la pesca el corte de árboles…). La compañía para cumplir sus objetivos tiene, sin embargo, el derecho a deforestar, contaminar, hacer sísmica 3, realizar explosiones de pentolite que mata la vida del subsuelo, extraer el petróleo y manipularlo en sus facilidades petroleras y sistemas de transporte (miles de kilómetros de tubería). Las “artimañas” petroleras y del MAE para atraer a la gente de las comunidades y tenerlos “engatusados” son: promesas eventuales, bajos sueldos, trabajo precario, prohibiciones y amenazas. Los agraciados con algún “trabajito”, a los pocos meses vienen a engrosar los pelotones de obreros parados, alimento de la población urbana y de hacinamiento en los barrios y tugurios. Mientras que las tierras comunales quedan abandonadas o contratadas a empresas de malanga y topas de balso o invadidas por colonos. No les queda otra alternativa.
Ni el trabajo asalariado ni las dádivas de instituciones sociales de ayuda dan de comer o promocionan al comunero que ha salido de su tierra a la ciudad. El trabajo asalariado ha trastocado su vida sencilla, libre y autónoma por condiciones de sumisión a los capataces. Ahora la meta es conseguir dinero con el que comprar alimentos para tener fuerzas suficientes para seguir trabajando y ganar más dinero para comer y pagar las deudas, y así sucesivamente. Otros terminan trabajando una tierra rentada que antes era suya, pero la vendió o la perdió.
En vez de la promoción de proyectos regionales orientados al desarrollo, adaptados al medio ambiental y cultural de sus habitantes, se está manteniendo un duro y numeroso departamento de relaciones comunitarias con unos objetivos y estrategias bien planificadas para corromper, ablandar y romper el tejido social de las comunas. Con los ingentes recursos salidos de estas tierras petroleras, se ha socializado más bien contra las formas de vida nativa comunitaria y sus valores ancestrales. Se ha enseñado la sumisión y dependencia del trabajo asalariado de la compañía. “¡Somos el futuro!”, dicen. “Si protestan serán penalizados como saboteadores y subversivos”. No hay ningún proyecto de desarrollo que merezca la pena en ninguna de las provincias petroleras, ni apoyo a iniciativa comunitaria alguna de parte de las empresas como compensación al lucro obtenido por años de explotación. ¡Después de nosotros el diluvio! Más bien está en auge el alcoholismo, la prostitución y la dependencia de los bienes de la ciudad en los que se gastan los míseros salarios.
José Miguel Goldáraz
1703999019
Achakaspi
