Pueblos “descartados”
Las zonas intangibles ofrecen cada vez menos espacios para la sobrevivencia, debido al ruido de helicópteros y avionetas que en vuelos rasantes atruenan el espacio de sus viviendas, de las partidas de cazadores, madereros y petroleros que penetran en sus territorios de cacería y recolección, de las aguas contaminadas que bajan por los ríos y esteros de las que beben y que matan a los peces, animales y aves de los que se alimentan. Los pueblos ocultos y sus derechos a la vida, a la alimentación, al territorio, a la cultura, a la lengua y a un territorio libre de contaminación están siendo vulnerados sin piedad.
También el desarrollismo insaciable y la extracción de todo lo que se considera de excepcional importancia económica reclama con urgencia económica esos espacios. Así los territorios intangibles y sus recursos a pesar de la constitución que los protegen, están en disputa, pisoteados, robados y sus gentes masacradas constantemente. Según el decreto de creación, son territorios valiosos en los que no se pueden realizar actividades que destruyan esas riquezas.
El Estado se hace visible en la región por el ejército, las petroleras y otras presencias no tan amigables que no se caracterizan precisamente por la defensa de los derechos humanos en territorio. A despecho de las proclamas teóricas que nos llegan desde las instancias estatales, los pueblos que ahí viven no tienen estatus de ecuatorianos, tengan o no tengan cédulas de identidad. En la practica el Estado no define a quien pertenecen los recursos naturales: si a los dueños naturales o a los grupos petroleros, colonos y madereros. Desconoce a los primeros y los entrega ilegalmente a estos últimos.
Los pueblos ocultos no pueden reclamar sus derechos, a pesar de estar recogidos en complejos cuerpos legales, códigos de conducta, medidas cautelares, convenios internacionales y leyes ambientales de toda índole. No tienen representantes jurídicos, ni dirigentes reconocidos, ni delegados. No se les puede contactar so pena de ser tachado de genocida o etnocida. No tienen voz, no existen.
La 7ma pregunta de la consulta les deja huérfanos de Estado, pues los dueños de las empresas determinan las conveniencias petroleras, las comisiones ad hoc ordenen el territorio, los ministerios organizan el destino de sus recursos, imponen la educación, la salud, la infraestructura vial y el desarrollo de la región sin contar con ellos. Las zonas intangibles no se respetan con retórica, ni participando en foros internacionales y nacionales plagados de representantes oficiales de los ministerios y de la academia. Su protección y desarrollo es un deber personal del Estado y de cada uno de nosotros.
El Parque nacional Yasuní y las zonas intangibles que se van a crear con la 7ma. pregunta de la consulta son una piedra en el zapato. Ni el Estado, ni las instituciones, ni los ministerios, ni las organizaciones ambientalistas, ni los poderes locales, parecen tener poder ejecutivo suficiente para manejar a los potentes intereses extractivistas. Los límites del Parque y de las zonas intangibles dependen de la demarcación de los lotes petroleros concedidos ilegalmente dentro del mismo parque Yasuní o cambian de acuerdo a los mismos intereses. Las zonas intangibles protegidas y el desarrollo económico extractivo no empatan; aunque se llenan la boca de un discurso conservacionista e inunden el país con afiches de unas operaciones petroleras y turísticas impolutas.
Las valiosas riquezas de las zonas intangibles son invisibles. Ninguno de los millonarios recursos que salen de allí sin respetar la voluntad de los propios dueños son visibles. Nadie puede entrar en esos bloques petroleros y sus territorios aledaños. Son territorios cerrados con sus fronteras infranqueables por las que no se puede cruzar impunemente, ni sacar información inconveniente. No se permiten ni celulares ni cámaras fotográficas. Ni con salvoconductos oficiales es válido el tránsito para ciertos grupos de ecuatorianos. Por ellos está prohibido el derecho del libre tránsito. La frontera natural es el río Tiputini que desde Pompeya hasta su desembocadura del Napo, cerca de Nuevo Rocafuerte es guardada por destacamentos miliares, celosos relacionadores comunitarios de las compañías y noveles funcionarios del MAE que controlan la cacería, la pesca y los territorios de las comunas, pero hacen de la vista gorda ante las facilidades petroleras de todo tipo: apertura de carreteras, oleoductos, campamentos, gigantescas plataformas y trochas de exploración sísmica para el tránsito de los cientos de obreros que talan la selva, ¡según lo norma de la mínima huella!
Aunque están allí empresas y ministerios, entran y salen madereros y petroleros, turistas, ONGs, periodistas y fotógrafos no ven ni informan nada. ¿Será porque el desarrollo extractivo que en ellos se realiza es ilegal o no cumplen los estándares según la constitución? Más que la defensa de la zona intangible y de los pueblos ocultos interesan los ingresos provenientes de su extracción. Priman con fuerza los intereses económicos de las empresas y del Estado como representantes típicos del colonialismo: “después de nosotros el “diluvio”.
La selva y los pueblos ocultos son, como siempre lo han sido, un obstáculo para el desarrollo de los intereses económicos del sistema: “No podemos darnos el lujo de estar sentados sobre sacos de oro y jugarnos nuestro desarrollo por unos indios que ni producen ni consumen” (R. Correa), o como un comandante decía: “solo falta que nuestras fuerzas armadas se pongan a cuidar arbolitos”.
P. José Miguel Goldáraz
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